En la reciente Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático realizada en Copenhague, se discutió la participación e influencia que tienen los edificios en la emisión de gases hacia la atmósfera, con el consecuente agravamiento del efecto invernadero. Según un informe de las Naciones Unidas, el 48% del dióxido de carbono es producido por los edificios. Dentro de este contexto, la envolvente se presenta como un elemento crucial para la solución de este problema, ya que desempeña un papel decisivo en el control de la carga térmica y la ganancia de radiación solar.

Según información provista por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP, por sus siglas en inglés), los edificios producen el 48% del total de las emisiones de dióxido de carbono. De esta cifra, el 85% –en promedio- se produce durante la fase de operación debido a las transferencias térmicas producidas por el uso de climatizadores. El restante 15% es producido durante la fase de construcción.

Cifras como estas fueron debatidas en la última Conferencia sobre el Cambio Climático que se organizó en Copenhague el pasado diciembre con el propósito de preparar futuros objetivos para reemplazar los del Protocolo de Kioto que finaliza en 2012. Como datos adicionales, podemos mencionar que el transporte emite menos del 27% y la industria, el 25%.

A partir de estos datos se desprende que la alarmante injerencia que tienen los edificios en la emisión de dióxido de carbono -principal gas que produce el efecto invernadero y el calentamiento global- es altísima, y deja en claro que una de las claves fundamentales para la solución de este acuciante problema mundial está en la arquitectura.

Una mirada regional
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la región emite a la atmósfera el 28% del total del dióxido de carbono producido. Los países latinoamericanos tienen, en general, claroscuros en sus políticas, pero desafíos comunes por delante. En la actualidad, América Latina se enfrenta a numerosos obstáculos tales como la crisis financiera y energética, que pueden desviar a la región del cumplimiento de sus compromisos en materia de sostenibilidad ambiental. Si bien estas crisis imponen nuevos desafíos, también representan una oportunidad para fomentar cambios que permitan avanzar hacia un desarrollo sostenible.

El cambio climático se debe, principalmente, a las consecuencias que genera el consumo energético de origen fósil y el cambio en el uso del suelo, temas centrales para una amplia gama de actividades que mueven la economía del planeta. Para ello se hace imprescindible que los Estados generen políticas claras de eficiencia energética.

A diferencia de los países desarrollados, que elaboraron políticas de eficiencia energética de manera sostenida a partir de la crisis del petróleo de los años 70, en América Latina, las experiencias de reglamentación de la eficiencia energética son desparejas. Según un informe de la CEPAL, existirían barreras económicas y culturales que tienden al escaso cumplimiento de la normativa, además de limitaciones presupuestarias que dificultarían el monitoreo y control de la misma.

No obstante, en varios países de la región existen iniciativas exitosas tales como el PROCEL (Programa Nacional de Conservación de la Electricidad) en Brasil. Se trata de una iniciativa que fue puesta en práctica a partir de 1985 y está dividida en distintas áreas: industria, salud, edificación, etc. Además, cuenta con un sistema de etiquetado.

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