El sector público es el mayor contratante de bienes y servicios, lo que lo convierte en el mayor agente económico por su volumen e impacto sobre el mer¬cado y el entorno. Considerando esta importancia, resulta obvia la propues¬ta de utilizar las compras públicas con criterios sociales y ambientales. Si los poderes públicos eligen en sus compras productos y servicios que respeten el medio ambiente, estarán contribuyendo de manera significativa al desarrollo sostenible. Las compras que tienen en cuenta la dimensión ambiental y social sirven como ejemplo, ejercen una influencia sobre el mercado y crean verdaderos incentivos para que las industrias desarrollen políticas sostenibles. Es por ello que en países desarrollados como la Unión Europea, existe desde hace bastante tiempo una vasta reglamentación al respecto.

Los poderes públicos forman un importante grupo de consumidores en Europa, con un gasto que gira en torno al 16 % del producto nacional bruto de la Unión Europea, lo que equivale a la mitad del PBI de Alemania. Si los poderes públicos eligen en sus compras productos y servicios que respeten el medio ambiente, estarán contribuyendo de manera significativa al desarrollo sostenible.

La contratación pública sostenible incluye diversos ámbitos tales como la compra de computadoras, edificios con eficiencia energética, equipamiento de oficina realizado con madera sostenible, papel reciclable, vehículos eléctricos, transportes públicos respetuosos con el medio ambiente, alimentos ecológicos en los comedores, electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables o sistemas de aire acondicionado que se adapten a las situaciones medioambientales.

Las compras que tienen en cuenta la dimensión ecológica sirven como ejemplo y ejercen una influencia sobre el mercado. Los poderes públicos, mediante el fomento de la contratación sostenible, crean verdaderos incentivos para que las industrias desarrollen políticas ecológicas. En algunos productos y en los sectores de obras y servicios, el impacto puede ser muy significativo, ya que las compras realizadas por los poderes públicos abarcan un importante segmento del mercado.

Por último, si para la contratación también se tiene en cuenta los costos del ciclo de vida, el contrato público sostenible supondrá un ahorro económico y contribuirá a la protección del medio ambiente. El acierto en las compras acarrea un ahorro energético y de materiales, reduce los residuos y la contaminación, y fomenta las pautas de comportamiento sostenibles.

Estrategias de compra sostenible
En principio, resulta relativamente fácil que los poderes públicos tomen la decisión política de realizar compras ecológicas. Deberá fomentarse la toma de este tipo de decisión, puesto que supone un beneficio para el medio ambiente y para el poder adjudicador que mejora su imagen pública. Además, la política de compras sostenible no suele exigir cambios estructurales por parte del poder adjudicador.

La aplicación de la política precisa, en principio, de una planificación estratégica: organización de formación adecuada para el personal de compras, garantía de acceso a la información medioambiental y establecimiento de prioridades en la elección de los contratos más apropiados para «comprar en forma ecológica». El siguiente paso es que los poderes adjudicadores organicen un procedimiento ecológico de contratación pública.

Determinar las necesidades de la formación y garantizar el acceso a la información medioambiental

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