Desde hace al menos dos décadas, el mundo desarrollado adquirió una fuerte conciencia de la importancia vital de la energía para el funcionamiento de la ciudad, según los estándares que se fueron afianzando a lo largo del siglo veinte. Y también, que el mantenimiento de esos estándares se fundamenta en servicios públicos energéticos eficientes y sustentables.

En la década de los '80 la Argentina contaba con sólidas empresas del Estado, y empresas privadas medianas que en parte subsistían como subcontratistas del Estado .
En esa época había trabajo y el índice de desocupación no pasaba de un digito; el Estado, a pesar de todas las criticas que recibía, tenía estadistas e intelectuales que pensaban por lo menos a cinco años; planificaban, proyectaban y ejecutaban.
En la década del '90 con las privatizaciones, se invirtieron los roles: el subcontratista se hizo cargo de las empresas y el Estado, virtualmente dejó de existir en dichas áreas.
Esta época se caracterizó a nivel mundial por profundos cambios políticos, económicos y sociales motivados por el predominio de las políticas neoliberales. Las transformaciones que se produjeron tuvieron como común denominador la reducción del papel del Estado a favor de los sectores privados, el incremento del poder de los capitales transnacionales operando a escala global y el impulso ascendente del comercio internacional facilitado por la apertura más amplia de las economías nacionales. Este complejo proceso de transformaciones estructurales y tecnológicas resultó en una inédita concentración de las riqueza y aumento del desempleo.
Este conjunto de políticas, que se venían gestado desde los '70, ingresó como un programa coherente en la Argentina en los '90, cuando el gobierno nacional adoptó el modelo neoliberal de reforma del Estado, que incluyó enormes procesos de reestructuración y desregulación, entre ellos, la privatización de los servicios públicos.
Las políticas de desregulación y privatización del sector energético dejaron como saldo, entre otras cosas, la ausencia de planeamiento e investigación en un sector que requiere una constante planificación, originó aumento de tarifas y caída en la calidad de los servicios.
El predominio de la lógica empresaria, que impulsó a las empresas a enfocarse en vender más energía y maximizar las ganancias, prevaleció sobre la función que debe sustentar un servicio público. Toda la actividad se empezó a calcular en términos monetarios y en tiempos muy cortos. Una nación no es una empresa ni los gobernantes deben pensar como empresarios.
Pasados 15 años, nos encontramos con un sector controlado por los intereses de por lo menos 100 empresas de muchísimas nacionalidades que tienen sólo planes económicos de corto o mediano plazo. Muestra de esto es la gran cantidad de empresas extranjeras que se retiraron del país en los últimos tres años en el rubro energético.
La devaluación agravó la crisis ya que el equipamiento de generación, transmisión y distribución de energía debe ser en gran parte importado, y sus costos en pesos se triplicaron.

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